Todos se lavan las manos y nadie quiere revocar la concesión de Aguakan; vamos hasta las últimas consecuencias: Chano Toledo
El gobierno del estado empieza a filtrar que «no hay recursos para pagar la indemnización millonaria que reclama la empresa» por la cancelación de sus pésimos y contaminantes servicios
CHETUMAL | Aunque ya pasó más de medio año de la consulta popular para revocar la concesión de agua potable a la empresa Aguakán, en la que ciudadanos de Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún) y Puerto Morelos dejaron claro que no están conformes con el servicio, y el ejercicio fue “vinculante”, avalado por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en las pasadas elecciones, la cancelación de la concesión se encuentra en el limbo jurídico y todos se lavan las manos para no atentar contra la empresa, mientras que el luchador social Marciano «Chano» Toledo, asegura que llegarán hasta las ultimas consecuencias para que le sean revocadas las concesiones a la empresa «ratera y ecocida»
Hemos demostrado que Aguakan contaminó nuestros cenotes con descargas de aguas negras clandestinamente y vertiendo las mismas al manto freático además de los cobros elevados y abusivos; si es necesario caminaremos hasta la Ciudad de México para exigir que se cumpla la voluntad popular, no es posible que el presidente López Obrador este luchando por que las construcción del Tren Maya no afecte los cenotes colocando puentes elevados y pasos de fauna, para que una empresa que gana millones de pesos en la Bolsa de Valores esté contaminando nuestros mares y cenotes, y atracando descaradamente al pueblo…¡Fuera Aguakan! El pueblo manda, sentenció el regidor de Solidaridad.
La consulta popular tuvo un costo aproximado a los 10 millones de pesos y fue realizada de manera simultánea en la elección del 5 de junio, donde resultaron electos la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa con Morena, y 25 diputados locales, 21 de ellos abanderados por la alianza “Morena, PVEM, PT y Fuerza por México”.
Los diputados de la Décimo Séptima Legislatura, aseguran que ya no es un asunto que tenga que ver con el Legislativo, mientras las alcaldesas se quedan calladitas, el Ieqroo afirma que solo cumplió con la realización del ejercicio apegado a sus facultades y a la ley de Participación Ciudadana.
Lo cierto es que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Quintana Roo 2023, no se contempló ninguna partida especial para desarrollar obras que pudieran remplazar la infraestructura de Aguakán en los tres municipios, y mucho menos los miles de millones que se tendrán que dar a la empresa en caso de rescindir la concesión, y que el gobierno del Estado tendría que pagar para indemnizarlos.
En los hechos no hay señales de que Atenea Gómez Ricalde, Ana Paty Peralta y Blanca Merari quieran dar continuidad al proceso vinculatorio.
Las presidentas municipales: la ex panista Atenea Gómez Ricalde en Isla Mujeres, Ana Paty Peralta De la Peña en Benito Juárez y Blanca Merari Dziu de Puerto Morelos, ambas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), han ignorado los resultados, como decimos los mexicanos, “se hacen de la vista gorda, o que las virgen les habla”.
Porque, en ninguno de los tres casos, las alcaldesas se han pronunciado formalmente para dar continuidad al proceso de vinculación que se supone es el mecanismo legal para retirar la concesión.
Por su parte la Secretaría de Gobierno dice a través de Cristina Torres que la Consulta Popular contra Aguakán, no contemplo los recursos administrativos que Ayuntamientos ingresaron en administraciones pasadas para remover la concesión de agua potable sin pagar una indemnización, aclaró la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez.
La funcionaria reiteró que el Gobierno de Quintana Roo, está a la espera de un resolutivo del Tribunal de Contencioso Administrativo. Pero, sobre los recursos ingresados en administraciones pasadas por los Ayuntamientos y citó como el caso de Solidaridad, donde se iniciaron procesos en contra de Aguakán, por “la insatisfacción en el servicio o la falta de prestación adecuada en los términos establecidos en el contrato de concesión en la administración 2016-2018”.
Afirmó que sus expresiones “no se referían a recursos ingresados por las actuales administraciones en los Ayuntamientos de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos después del ejercicio”.
“El tema es que se hizo una consulta popular sin contemplar los recursos que ya estaban ingresados, para remover la concesión sin pagar una indemnización. En particular, el caso de Solidaridad, donde el recurso sigue vigente, sin embargo, en ese municipio, la consulta popular no fue vinculante, porque no alcanzo el porcentaje necesario de participación ciudadana”.
La última palabra la tiene el Tribunal de Contencioso Administrativo, por lo que el gobierno de Quintana Roo, está listo para dar seguimiento al resolutivo de dicho tribunal, o a los efectos de los resultados de la Consulta Popular donde más del 60 por ciento de la población de Isla Mujeres, Benito Juárez (Cancún), y Puerto Morelos se pronunció en contra de la concesionaria por brindar un “mal servicio”.
“Sin embargo, nosotros estamos listos, para dar cumplimentar a cualquiera de los casos: Uno, por si se detienen los efectos de la consulta por orden del Tribunal; o se implementan los procedimientos de la consulta paulatinamente, a través de la reversión en los Ayuntamientos donde resultó el cese de la operación a Aguakán”, insistió.
