Aguakán, la concesionaria que tiene maniatada a las autoridades
ARTURO MÉNDEZ COCOM | Son muchas las razones por la que la poderosa empresa Aguakan, concesionaria del suministro de agua potable en varios municipios de Quintana Roo, seguirá permaneciendo en el estado, pese a las múltiples y recurrentes quejas de la ciudadanía por mal servicio, pero el principal motivo son los fuertes intereses económicos que maneja -y reparte generosamente- entre autoridades locales.
Veamos; desde su llegada, la empresa -propiedad de inversionistas españoles- ha sido motivo de quejas por cobros excesivos por el servicio, además de que no cumple cabalmente con este compromiso, pero hay algo aún más grave, y que es donde está realmente el negocio de Aguakan, en complicidad con las autoridades, y es precisamente lo que la concesionaria llama como Manejo de Cuenta.
¿Qué es el Manejo de Cuenta?
Es un mecanismo abusivo creado por Aguakan para que quien se atrase por varios meses con el pago del servicio mensual y éste le sea suspendido, no obstante de que su recibo sigue llegando normalmente como si consumiera el líquido, al acudir a realizar un convenio, resulta que no sólo tiene que pagar por el consumo, sino que tiene que cubrir hasta un 150 por ciento adicional sobre el monto adeudado; ejemplo, si el cliente debe 12 mil pesos, con el convenio el adeudo llega a 31 mil pesos, pero si debe 22 mil, el monto se eleva a 72 mil.
Este abuso no lo frenan ni los diputados, quienes están comprometidos a velar por el bienestar del pueblo que los llevó al cargo, Aguakan llegó a Quintana Roo desde hace 25 años, pero en el sexenio del ex gobernador -ahora encarcelado- Roberto Borge, a la empresa se le amplió la concesión hasta 2053, es decir, todavía nos queda a los quintanarroenses 30 años para seguir soportando este lastre, porque está demasiado claro que Aguakán llegó para quedarse, dada su generosidad con los gobiernos en turno, no obstante de que en campaña usan como bandera política que a la empresa le será retirada la concesión, e incluso, se han hecho hasta consultas ciudadanas para definir la situación, pero siempre ganan las poderosas razones económicas de las que Aguakan tiene mucho.
La concesión otorgada establece que las autoridades públicas (tomando en cuenta que Aguakan opera bajo el esquema de inversión público-privada) son responsable de establecer las tarifas y supervisar la prestación de los servicios, por lo que en las palabras, corresponde a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) regular ambas, pero en los hechos, es la trasnacional la que opera a su libre albedrío estos dos puntos, pero en perjuicio de la ciudadanía.
